Compartimos este informe especial publicado en la edición número 7 de Bandera (correspondiente a Abril 2016) donde se explica las razones por las cuales el Nacionalismo rechaza no sólo la eliminación a las retenciones a la actividad minera, sino también un análisis sobre cómo debe regularse la actividad desde una perspectiva patriota.
El decreto del gobierno nacional que eliminó las retenciones a las exportaciones mineras provocó que el Estado pierda el ingreso de unos 220 millones de dólares a sus arcas, y naturalmente esta medida generó una fuerte polémica. La Casa Rosada justificó la medida a partir de considerar que las retenciones “desincentivaban las inversiones”, invocando la pérdida de competitividad de las pymes, y alegando una potencial caída de puestos de trabajo. El macrismo también sostuvo “que la incidencia negativa de los derechos de exportación sobre las operaciones mineras en marcha excede considerablemente los beneficios que se generan para el erario”. Luego aludió al “federalismo”, a la reactivación de la economía y a la prosperidad del país. Todo verso, todo mentira.
El decreto es concretamente el 349/2016 y fue publicado en el Boletín Oficial el 15 de febrero pasado. En uno de sus primeros párrafos inventa una rara interpretación en su fundamentación. Según el diagnóstico macrista, las retenciones afectaron seriamente la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Claramente esta idea se basa en la necesidad de alivianar las críticas que se aprestaban a recibir. En un momento donde las economías regionales claman a gritos soluciones inmediatas para el sector, en la misma semana donde se conoció que en el Alto Valle de Río Negro tuvieron que tirar miles de kilos de peras, un buen justificativo fue relacionar la quita de las retenciones con los pequeños productores. Ni siquiera las declamaciones de ciertos sectores aliados del radicalismo y del massismo lograron frenar las nuevas definiciones políticas en materia de minería.
La decisión de Mauricio Macri es una extraordinaria transferencia de ingresos a las empresas trasnacionales, ya que reducirán en un 8% los costos y a su vez el Estado Nacional dejará de recaudar U$S 223 millones por la eliminación de las retenciones. Independientemente de la recaudación que deja de percibir el país, más importante aún es la pérdida de soberanía a la que nos somete el gobierno actual.
Como es natural, se abrió un amplio debate sobre las verdaderas razones de la toma de esta decisión. No hay ninguna duda que este gobierno está mediando para los más poderosos y deja de lado a los sectores medios y a los más humildes. Llama la atención que el macrismo termine siendo una continuación y profundización del modelo kirchnerista en muchos aspectos, y especialmente en este rubro de la minería, donde la ex presidente Cristina Kirchner hizo tanto para ayudar a sus aliados de la Barrick Gold y otras corporaciones extranjeras.
La eliminación de las retenciones termina siendo un “premio” a quienes han contaminado los ríos, como por ejemplo el derrame de cianuro que ocurrió el pasado septiembre en la cuenca del Río Jáchal, en la provincia de San Juan, por las excavaciones ya efectuadas por Barrick Gold. Un estudio técnico sobre el agua del río detectó contaminación con metales en dosis de hasta 1.400% por encima de los valores tolerables y este hecho fue reconocido incluso por la Secretaría de Medioambiente de la Nación, actualmente encabezada por el rabino Sergio Bergman, que de medioambiente no entiende nada. Además, viene a ser la coronación del paquete de leyes coloniales vigente en la Argentina -que fue votado en la década del ’90, durante la presidencia de Carlos Menem, y al que todas las provincias han adherido mediante el Acuerdo Federal Minero– el cual cede a las empresas beneficios exclusivos que no gozan otras ramas de la industria, como la agricultura y la ganadería.
El colmo de los colmos es que el Código de Minería, sancionado en 1886 por la despótica y cipaya “Generación del ‘80” del siglo XIX, ordena que el Estado tiene prohibido realizar actividades de explotación minera dentro del territorio nacional, ya que dispone que es un derecho otorgado “a perpetuidad” y en forma exclusiva a particulares, que siempre resultaron ser empresas anglosajonas. Otra de las restricciones impuestas por el código liberal es que si bien el Estado puede hacer la investigación geológica y los estudios de factibilidad de explotación, en el caso de hallazgo de recursos, estos deben ser transferidos a empresas privadas en el plazo improrrogable de un año a partir del descubrimiento, mediante un llamado a licitación pública. O sea, una entrega express.
Resumiendo lo dicho en el párrafo anterior: la mayoría de las minas que se explotan actualmente en la Argentina fueron descubiertas por equipos técnicos del Estado y no por las corporaciones. Por eso, los capitales extranjeros que llegaron al país ya tenían ese trabajo servido y comenzaron a perforar con la confianza de que eran proyectos viables y que iban a contar con grandes beneficios. Tanto es así que los aspectos comerciales, tributarios y financieros que caracterizan al sector minero actual, garantizan al inversionista la libre transferencia de sus ganancias al exterior, la libre comercialización interna y externa, y la estabilidad fiscal de los emprendimientos por un período de 30 años, el plazo más amplio otorgado por los países de la región. Las mineras no pagan el impuesto al cheque, a los combustibles o a los sellos, y hasta están exentas de tasas municipales. Pero todo esto a Macri le pareció insuficiente, y por eso decidió eliminar el mínimo impuesto que las corporaciones debían pagar. Para darnos una dimensión real del impacto económico de la actividad, tomemos como referencia que en 2012, por ejemplo, las exportaciones de productos mineros superaron las ganancias generadas por la exportación de carne, algo inédito para nuestro país.
Mientras esto ocurre en la Argentina, ¿qué sucede en el resto del mundo? A nivel mundial está creciendo, poco a poco pero a paso firme, lo que las propias empresas mineras llaman con resentimiento el “nacionalismo de los recursos”. Los gobiernos, locales o nacionales, impulsan medidas para tener una mayor participación en las ganancias del sector, teniendo en cuenta la suba de la cotización de metales como el oro, la plata y el cobre en los últimos años. En Australia se impulsa un aumento de impuestos del 40% a las “superganancias” o “windfall taxes” (ganancias inesperadas) de las empresas mineras. Y, según informa la agencia Bloomberg, la propuesta australiana podría contagiar a gobiernos como Brasil, Perú, Canadá, Sudáfrica e India. En Chile, país económicamente dependiente de la actividad minera, se envió un proyecto al Congreso para incrementar el impuesto de regalías mineras de un 4% (la tasa mínima actual) a un rango del 9%, que incluso luego se iría incrementando según los márgenes operacionales de las compañías y el precio internacional del cobre. Un informe del Banco Mundial ubica a la Argentina dentro del grupo de naciones donde las empresas pagan las tasas impositivas más bajas.
Nuestra historia económica ha mostrado, en infinidad de oportunidades, que reducir tributos no redunda en mayores inversiones y más puestos de trabajo, sino únicamente en mayores ganancias para el sector privado, más aún cuando se trata de empresas trasnacionales. Si bien las Pymes mineras son mayoría en el sector, su participación real es menor en el valor bruto de la producción y menos aún en las exportaciones. Se refuerza la matriz impositiva regresiva –dejando más en manos de quienes ya tienen mucho– y se desfinancia el Estado a cambio de promesas y expectativas de inversión: el gobierno concede estos beneficios sin asegurarse nada a cambio de lo que promete, ya sean inversiones, aumento de producción o más puestos de trabajo. Nuevamente nos encontramos ante una especie de “déjà vu” menemista, y no se puede esperar que semejante acontecimiento se traduzca en nada positivo para el desarrollo local.
Asimismo, debemos tener en cuenta que la minería se dirige a recursos finitos, no renovables, y por esto los impuestos tienen la función excepcional de compensar la descapitalización que sufre el país, ya que esos bienes que se obtienen de las entrañas de nuestro suelo son vendidos al exterior en la mayoría de los casos. Además, la minería a gran escala usualmente deja daños permanentes en el medioambiente que también requieren una compensación lógica e importante.
En estos tiempos, la Argentina es uno de los botines más preciados por las corporaciones de la minería. Ubicado en el sexto lugar de países con recursos mineros, y a pesar de que hay varias empresas trabajando en nuestro país, lo cierto es que nuestras reservas apenas han comenzado a ser explotadas en forma seria, y se estima que sólo se descubrió un 25% de las riquezas reales que guarda nuestro suelo. Nuestro territorio tiene todo lo que pueda desearse, desde gigantescas reservas de oro, plata y bronce, hasta cobre, carbón, zinc, manganeso, azufre, plomo, litio e incluso uranio, fundamental para la industria nuclear.
Por último, sepamos quién es el flamante Secretario de Minería nombrado por Mauricio Macri. Su nombre es Daniel Meilán, y fue ni más ni menos que el Secretario de Minería de Carlos Menem. A este funcionario lo secundan el radical Mario Capello, aliado de Barrick Gold y que se desempeñaba como Secretario del Colegio de Minas de San Juan, y el joven abogado Santiago Dondo, integrante de la Fundación Pensar, el think tank del PRO sospechado de haber sido ilegalmente financiado con fondos públicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Melián y su equipo está enfocado en iniciar otros 500 proyectos mineros en el país, y significativamente muchos de ellos están ubicados en la provincia de Córdoba, uno de los pocos distritos que todavía se resiste a ser víctima de la contaminación que dejan las corporaciones.
Artículo publicado en el Periódico Bandera Nº 7 (Abril 2016)
